Darrer article de Joan Busquets sobre la llei d’amnistia

Rodolfo_Martín_VillaPSOE y PP quieren que la ley de amnistía no se toque

Juan Busquets, Normandia

Actualmente Rodolfo Martín Villa está reclamado junto con otros diecinueve presuntos torturadores de la dictadura franquista por una juez argentina María Servini de Cubría, acusados por crímenes contra la humanidad, amparándose en el principio de la justicia universal

La INTERPOL en Argentina ha solicitado a la INTERPOL de Madrid la extradición urgente de veinte personas investigadas por la juez María Servini por crímenes cometidos durante el franquismo, entre los que se encuentran los ex ministros José Ultrera Molina y Rodolfo Martín Villa.

José Utrera Molina se le acusa de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil del anarquista Salvador Puig Antich y de los cinco últimos fusilados por el franquismo (ejecutados el 27 de septiembre de 1975), tres militantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y dos militantes de ETA político militar, Juan Paredes Manot (Txiki) i Ángel Otaegui, Actualmente, José Utrera, forma parte de la Fundación Francisco Franco. Su carrera política comenzó de muy joven en el “Frente de Juventudes” (organización juvenil del partido Falange)

En cuanto a Rodolfo Martín Villa es considerado responsable de represión en una concentración en Victoria 3 de marzo de 1976, donde supuestamente ordenó el uso de armas de fuego, por encargo del presidente del Ejecutivo, Carlos Arias Navarro, en donde hubo 5 muertos y más de cien heridos. Se le acusa también de ser parte responsable de la intensa actividad parapolicial que desarrolló siendo ministro de Gobernación (76-79) conocido como la porra de la “transición” por la dureza empleada en la represión de las manifestaciones obreras y estudiantiles.

No obstante, hay otras personas investigadas a las que se les imputan delitos tanto o más graves, dedicados a jueces y letrados. Donde hay nombres conocidos como Carlos Rey (abogado de la política del PP Alicia Sánchez Camacho) que en 1970 era capitán auditor del cuerpo jurídico del ejército y participó en el Consejo de Guerra de la causa 106/73, instruida por el Juzgado Militar Permanente nº 3 que juzgó a Salvador Puig Antich. Desarrolló las funciones de vocal ponente y, como tal, informó y fue redactor único de la sentencia a condena de muerte ejecutada el 2 de marzo de 1974 por garrote vil.

En la lista de imputados también hay un nutrido grupo de ex miembros de fuerzas de seguridad del Estado por presuntas torturas…

Los socialistas y los del Partido Popular opinan que la Ley de Amnistía no se debe de tocar. “Fue una ley necesaria y no creemos conveniente revertirla”, explica a EL PAIS Ramón Jáuregui, exministro del segundo Gobierno de Zapatero:

Comprendemos los sentimientos. Estamos mucho más cerca de los torturados que de los torturadores, pero seguimos convencidos de que la ley estuvo bien hecha. Algunos perdonamos mucho más que otros, pero el perdón fue colectivo. Y esa decisión es la base de una convivencia reconciliada”. Preguntando por la posibilidad de que el franquismo se juzgue en Argentina: “Yo acepto la justicia universal, pero creo que siempre tiene que ser sometida a los criterios de la soberanía popular”.

¿De qué soberanía popular habla Jáuregui?, seguramente, se referirá el pacto de 1977, en el cual decidieron unos cuantos fulleros, que no iban a pasar factura de lo que se hizo antes de 1976. Jáuregui y sus amigos, con esta ley proteccionista perdonan a los verdugos franquistas de todos sus crímenes y penaliza obviamente a las victimas, relegándolas al olvido más absoluto.

En primer lugar el pueblo no fue nunca consultado de amnistiar los crímenes de lesa humanidad o genocidio, como afirma, es una burda mentira. Es fácil de perdonar cuando no se ha sufrido, que es el caso del Sr. Jáuregui, pero las victimas acreditadas, que han padecido de verdad, ven el problema de un modo muy diferente; ¡qué se lo pregunten a las madres republicanas! que les robaron sus bebés cuando estaban en la cárcel. Por consiguiente es legítimo que las familias de las victimas, cada vez más numerosas, reclamen: JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN.

Es bueno recordar a los cortos de memoria lo que representó la depuración franquista, cuando está más que probado que hubo torturas, violaciones, desapariciones, juicios sumarísimos, fue una exterminación sistemática, y que los franquistas mantuvieron hasta el final de la dictadura. Esta clase de crímenes no son amnistiables, y no prescriben nunca, según las normas del DERECHO INTERNACIONAL.

Mientras tanto la jueza María Servini de Cubría ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores de la dictadura franquista. Entre ellos, el exministro Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (El suegro de Alberto Ruiz Gallardón).

Pero por el momento, el ministro de justicia Rafael Catalá Polo,  confirma que España denegará la entrega, lo hará amparándose en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos. ¡Vaya argumento! sabe perfectamente el Ministro de Justicia, que los crímenes contra la humanidad imputados son delitos imprescriptibles, por consiguiente la Amnistía de 1977 la cual hace referencia es ilegal y carece de legitimidad.

Difon el B Llibertari i el pèsol negre:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • LaTafanera
  • Live
  • Meneame
  • MySpace
  • PDF
  • RSS
  • del.icio.us