España sigue protegiendo a los verdugos

Como victima del franquismo denuncio a España democrática y corrupta, donde los derechos humanos son pisoteados.

    Desde que se instauró la llamada democracia en España, el artículo 155 de la Constitución que tanto se habla actualmente por su autoritaria radicalidad, siempre ha estado activada bajo control de los ex franquistas, que instituyeron en 1978, así como la amnistía, que fue otro amaño sacado de la manga, que sirvió de refugio para abrigar los presuntos criminales franquistas acusados de lesa humanidad o genocidio. Ese tipo de crímenes no son amnistiables, según las normas del Derecho Internacional, a pesar que el ministro de Justicia Rafael Catalá afirma lo contrario.

    Dado que la INTERPOL en Argentina solicitó a la INTERPOL de Madrid la extradición urgente de veinte personas investigadas por la jueza María Servini por crímenes cometidos durante el franquismo, entre los que se encuentran dos ex ministros, José Ultrera Molina y Rodolfo Martín Villa.

    El ministro de Justicia Rafael Catalá salió al paso, confirmando que España denegará la entrega, lo hará amparándose en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos. ¡Vaya alegato! de un ministro de Justicia, se necesita empaque de repulsar los convenios jurídicos internacionales a cambio de proteger a unos individuos reclamados por crímenes contra la humanidad.

    Las victimas del franquismo tenemos una larga experiencia por las múltiples humillaciones e injusticias que hemos tenido de soportar año atrás año, han pasado 40 años desde la muerte de Franco y seguimos sin ser reconocidos oficialmente por el Estado español. Donde los poderes del franquismo continúan estando casi intactos.

    Entre las múltiples injusticias sufridas destacaré en esta ocasión: “LOS TRABAJOS FORZADOS” que sufrimos los presos republicanos, forzados a trabajar en las cárceles o campos de concentración, y que el gobierno español hasta la fecha no ha reconocido oficialmente.

    En el Boletín Oficial del 7 de marzo de 1984, hay un párrafo que especifica: «Los periodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1997, de 15 de octubre de “Amnistía”, tendrán la consideración de periodos de aseguramiento a los extinguidos Subsidios de Vejez e Invalidez, si fuera anterior al 1 de enero de 1967» (…). «El pago de las cotizaciones a que se refiere será a cargo del Estado»

    Si el Estado pagó las cotizaciones en cuestión, no se comprende por qué considera a los expresos políticos del franquismo pensionistas de segundo orden con el escalafón más bajo, el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Se deduce que el Estado no pagó lo que debió, y por ese motivo los ex presos no tienen una pensión contributiva, lo que quiere decir, el Estado escamoteó una buena parte de sus pensiones, en particular los que sufrieron muchos años de cárcel.

   No tuvieron en cuenta cuando tomaron estas disposiciones, hubo presos que fueron obligados a trabajar por un salario de miseria muy inferior al de los trabajadores libres, en unas condiciones de explotación que rayaba la esclavitud.

    La aportación en el mundo del trabajo de los presos fue tan importante como el de los obreros libres, partiendo de este principio debían de tener el mismo derecho. Hasta José Antonio Girón, Ministro del trabajo entre 1941 y 1957, dijo, exactamente: «los presos tendrán el mismo derecho que los trabajadores libres». En realidad fueron palabras dichas al aíre, ya que dicha promesa nunca se cumplió.

    Los penitenciarios fue un buen pasto para los empresarios adictos al régimen, un lugar magnifico de explotación para enriquecerse rápidamente a costa de los presos políticos. La Dirección General de Prisiones percibía por esta explotación cuantiosos beneficios a cambio de ofrecer una mano de obra barata y obediente. Obediente a fuerza de amenazas y castigos. Cuando surgían conflictos laborales la Dirección los sofocaba radicalmente, con celdas de castigo y seguidamente, los presos rebeldes eran trasladados a otros penitenciarios con una nota disciplinaria en el expediente, que implicaba pérdida de redención y por consiguiente prolongación de condena.

    Sé que este escrito caerá como el resto de reclamaciones o denuncias en un saco roto; en ese inventario pongo en el mismo puchero los tres principales clanes que han regido España los últimos años, el  PP, PSOE y el Poder Judicial, que está totalmente politizado.

    Para romper con estas reminiscencias heredadas del franquismo, lo ideal sería elegir a través de un referéndum Monarquía o Republica.

    Una España republicana es un paso que concordaría mejor a las normas democráticas y todas estas injusticias del franquismo desaparecerían por su propio peso.

Juan Busquets.

Condenado en 1949 a la pena de muerte en un Consejo de Guerra sumarísimo por la de 30 años de los cuales cumplió 20 y seis días.

Difon el B Llibertari i el pèsol negre:
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